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El TSJ de Castilla-La Mancha crea precedente para anular los despidos derivados del cierre de escuelas infantiles a causa de la Covid-19

Hace unos días se conocía el importante descenso que sufrieron en el curso 2020-2021 las escuelas de educación infantil (antiguas guarderías), que generó la suspensión de este servicio por muchos Ayuntamientos debido a la bajada de la demanda.

Las familias, debido a la pandemia de la Covid-19, han optado por buscar alternativas a la educación no obligatoria, y hace unos días se conocía la cifra de matriculados, que en este curso era de 79.333 menores menos que en el anterior curso escolar, en la franja de edad 0 a 3 años.

Este descenso ha provocado un importante reto para los presupuestos de este servicio, provocando el cierre de muchas escuelas infantiles privadas, así como recurriendo muchos Ayuntamientos al cese del citado servicio, hasta nueva orden.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha acaba de dictar dos sentencias que ponen en jaque la actuación de los Ayuntamientos

Los Juzgados de lo social venían dando la razón a los Ayuntamientos, en cuanto entendían justificado dicho cese. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha acaba de dictar dos sentencias que ponen en tela de juicio la actuación de los Ayuntamientos, pues condenan a la nulidad de los despidos efectuados por el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa al cerrar el servicio municipal de escuela infantil, creando un importante precedente que puede golpear fuertemente a las cuentas de las corporaciones locales.

Según las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia no sólo se ha declarado improcedente el despido por estar mal calculado, sino que los trabajadores han conseguido la nulidad de dichos despidos, pues el Ayuntamiento tenía posibilidad de recolocar a las trabajadoras y además las mismas gozaban de una protección adicional por estar embarazadas, protección que el Ayuntamiento pretendía saltarse gracias al cese del servicio justificado en la pandemia.

Tras las Sentencias, el Ayuntamiento deberá abonar los salarios de tramitación, o lo que es lo mismo, el salario desde agosto de 2020 hasta ahora, como si las trabajadoras hubieran seguido en plantilla el último año, así como indemnizarlas con el máximo legal dado que el servicio en el que prestaban servicios ya no existe.

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